Reducción del 95% en contribuciones: Los requisitos para acceder al beneficio por propiedades tomadas

 El pasado 20 de diciembre entró en vigencia la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En medio de toda la problemática y conflicto que tienen las personas cuyas propiedades se encuentran ocupadas ilegalmente, se abrió una posibilidad económica que alivia su bolsillo cumpliendo ciertos requisitos. Y es que en diciembre (20), se publicó en el Diario Oficial -y entro en vigor- la resolución exenta n°144 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que faculta a los propietarios de Chile a poder solicitar a dicho organismo una rebaja en sus contribuciones, en caso de que su propiedad se encuentren tomadas. Sebastián Gómez, consultor del área de Desarrollo y Regulaciones de Colliers, explicó a "El Mercurio" que si el propietario realiza una apelación completa se podrían rebajar hasta en 95% las contribuciones de esas propiedades ocupadas ilegalmente.

Desde la Defensoría del Contribuyente respaldaron ese porcentaje. Afirmaron que el 95% es el máximo y que "será proporcional a la valorización fiscal de la superficie del inmueble efectivamente ocupada en relación con la valorización fiscal total del inmueble". El alza en tomas Esta medida surge a raíz del fuerte incremento de propiedades ocupadas ilegalmente. Desde Colliers afirmaron que según la información del catastro de tomas que elaboró el Ministerio de Bienes Nacional de 2020, 14.256 ocupaciones ilegales en Chile habían a esta esa fecha. Antofagasta, Atacama y Valparaíso, son las regiones que la concentran. La consultora inmobiliaria complementó que las estimaciones que establece el catastro de campamentos 2022-2023 de la fundación Techo, apuntan a que en Chile, desde 2021, el número de campamentos aumentó en 39,5%. Gómez indicó que "las usurpaciones en los últimos tres años registran un violento incremento estimado en 40%, lo que ha obligado a las instituciones a flexibilizar la normativa ampliando a todas las regiones de Chile el derecho de apelación a la rebaja de este impuesto territorial". En ese sentido, agregó que una vez que el afectado ingresa al informe de apelación al SII, el organismo tiene 10 días para rechazar la solicitud si es que esto no califica. De lo contrario, cuenta con cerca de dos meses para entregar una resolución de rebaja. "La disminución obtenida es renovable cada un año en caso de que la toma persista", explicó. Requisitos Para acceder a la rebaja de contribuciones por la ocupación o usurpación de una propiedad, las personas, según la resolución exenta del SII, deberán cumplir algunos requisitos. Según explicó la Defensoría del Contribuyente, dentro de ellos está que la ocupación de los inmuebles no debe ser imputable a sus dueños, que el solicitante debe ser propietario del o los inmuebles ocupados, que el requirente haya efectuado una denuncia o presentado una querella penal relatando los hechos en que conste la ocupación. Asimismo, el afectado debe haber prestado la cooperación que corresponda con la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. Una vez cumplidos esos requisitos, la solicitud deberá ser presentada por el dueño de las propiedades ocupadas a través del SII (www.sii.cl). Allí, tendrán que entrar a "servicios online", "peticiones administrativas y otras solicitudes", "ingresar" y "solicitudes bienes raíces". En dicha petición, los hechos deberán ser descritos detalladamente, incluyendo rol de avalúo del inmueble, porcentaje de la superficie ocupada, ya sea total o parcialmente y fecha de inicio de la ocupación. Además, se deben adjuntar otros documentos que se requieren para el trámite. El ejemplo En concreto, desde Colliers ejemplificaron a "El Mercurio" un caso en el centro de Santiago, donde un propietario de 62 años se enfrenta a la ocupación ilegal de su propiedad. El afectado posee un terreno ubicado en el sector sur de esa comuna, el cual, al encontrarse en toma, ha visto caer su valor comercial en alrededor de 20% afectando notoriamente su capacidad de comercialización. Así, la consultora añadió que esta situación "también genera gastos adicionales asociados a los esfuerzos por desalojar a los ocupantes". Continuando con el caso, indicaron que, "como si con esto no bastara, a pesar de la depreciación resultante, el avalúo fiscal de la propiedad ha aumentado, situándose en $1.061.370.882, impulsado por el incremento del valor de sueldo en la zona". Así, ese propietario de 62 años está pagando contribuciones anuales de $5.600.000 aproximadamente por una propiedad que no puede comercializar. "Esta compleja combinación de factores crea una carga financiera que se agrava aún más por la disociación entre el aumento natural de un suelo valioso contrapuesto por la inmovilidad comercial de la propiedad", cerró la consultora inmobiliaria.

Fuente: Emol.com